En este año Bolivia está viviendo la peor sequía de los últimos 25 años, más allá que las predicciones de comienzo de año señalaban que podría ser un año con un buen nivel de precipitaciones, fallaron y ahora se estima que en ese país, con una economía agrícola preponderante, la situación se está volviendo crítica y la pasividad del gobierno a la hora de tomar medidas que decreten la emergencia dejan a su población completamente vulnerable y en un estado crítico.
Según cifras oficiales hay 135.000 familias afectadas por la sequía, así como también se teme por el porvenir de 207.000 hectáreas cultivadas y cerca de 277.000 cabezas de ganado, las cuales han logrado en su mayoría mantenerse en condiciones precarias y están más cerca de perderse que poder comercializar, incluso las predicciones no muestran precipitaciones en varias semanas.
Las pérdidas económicas están calculadas a las fecha por más de 500 millones de dólares, aunque los productores locales señalan que de seguir este clima esa cifra se podría llegar a duplicar o triplicar según lo que tarden las lluvias en aparecer.
Todas las naciones que están ubicadas geográficamente sobre la cordillera de Los Andes están sufriendo de alguna otra manera las consecuencias del cambio climático y el fenómeno del Niño, pero impacta mucho más en naciones en donde la agricultura y la ganadería son el sustento de muchas familias, quienes en condiciones normales suelen estar en la pobreza, en estas condiciones adversas meteorológicas su situación es alarmante.
Desde algunas organizaciones que agrupan a los agricultores bolivianos señalan que el 70% de la actual cosecha está perdida, ya que la sequía ha sido mucho más fuerte y prolongada en la zona de ese país en donde más producción agrícola se produce, incluso han lanzado un comunicado para que las autoridades decreten la emergencia, teniendo en cuenta que además de todos los valores que hasta el momento os hemos expuesto, se estima que hay más de 130.000 trabajadores que podrían estar en riesgo si la situación continua.
En cuanto a los sistemas de riego, en ese país son muy poco frecuentes, se estima que solo un 1.7% de las hectáreas cultivadas cuenta con este tipo de herramienta, por lo que solo tendrían la posibilidad de sacar provecho de esta ínfima porción de tierra.
En los cálculos del Servicio de Meteorología e Hidrología boliviano señalan que la cantidad de precipitaciones en lo que va del año se ha reducido en más de un 40%, por lo que la cantidad de agua es insuficiente para desarrollar cualquier tipo de actividad agropecuaria o ganadera, haciendo que el campo pierda cabezas de ganado, así como también cultivos ya que es una región que estaba acostumbrada a recibir un volumen de precipitaciones cercano a los 500mm.
En el año 2014 la cantidad de precipitaciones fueron óptimas, por lo que las cosechas rompieron todo tipo de records de producción, llegando en los departamentos hoy afectados a lograr una producción agrícola superior a las 15 toneladas.
El problema es que este año no han logrado pasar de los 90 mm, y desde los departamento reclaman al estado nacional unas políticas de ayuda y soporte para poder palear la crisis, hay que quienes incluso concluyen con las cifras expuestas que esta es una de las peores emergencias agrícolas y ganaderas que han sufrido en Bolivia en los últimos 50 años.
Uno de los problemas más graves que afectan a todos los productores agrícolas y ganaderos es el nivel de endeudamiento que tienen con los bancos, algo necesario para poder hacer la inversión previa para obtener las cosechas, se estima que manejan una cartera total cercana a los 400 millones de dólares, por lo que de no poder cumplir con los compromisos asumidos, los bancos comenzarían a tomar las medidas habituales en sus políticas financieras, tales como el embargo de tierras.
Por el momento se conoce que las medidas tomadas en agosto de año para ayudar al sector son ineficientes y los productores agrícolas reclaman a gritos que se decrete la emergencia, y los decretos no sean ayudas mediocres, sino que por el contrario se tomen medidas tales como un estado capaz de asumir las deudas de los agrícolas que invierta en infraestructura para garantizar en riego, entre otras medidas necesarias.